En el Perú, siete de cada 10 trabajadores laboran en condiciones de informalidad, es decir, no tienen ningún beneficio como gratificaciones, vacaciones o compensación por tiempo de servicios (CTS). En total, hablamos de 12 millones de trabajadores peruanos informales.
Las nuevas autoridades regionales y locales tendrán el reto de generar condiciones adecuadas para que los negocios puedan ser formales y con ello, los trabajadores tengan beneficios laborales.
Si bien la informalidad afecta a trabajadores de todo el país, la situación llega a su punto más crítico en cuatro regiones: Cajamarca, Puno, Apurímac y Amazonas tienen a nueve de cada 10 trabajadores en la informalidad.
En estas economías regionales todavía pesan las actividades tradicionales y con menores niveles de productividad. Así lo explicó Paola Herrera, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE).
"La gran mayoría de trabajadores está empleado en sectores del agro, que es bastante informal y hay una productividad más baja. Un agro más tradicional limita la posibilidad de que se formalicen ese tipo de actividades, mientras que en regiones de la costa como Lima, Moquegua, Arequipa, la tasa de informalidad es más baja y el empleo es de mejor calidad, luego de haber recibido mucha inversión privada", apuntó.
Cajamarca es un ejemplo. Más de la mitad de sus trabajadores está en la agricultura tradicional y de subsistencia. Si una actividad produce poco y genera pocos ingresos, también es más difícil que se formalice. Según el IPE, un trabajador formal produce, en promedio, seis veces más que uno informal. Así lo explicó Paola Herrera:
"Es en realidad un círculo vicioso. La alta informalidad se vincula bastante con una baja productividad del trabajo, de la economía en general y de las empresas que componen una región. Esto implica que hay tanto brechas educativas, de capacidades, infraestructura, que retroalimentan esta alta informalidad y a su vez limitan que estos trabajadores entren a empleos de mejor calidad", indicó.
Pero en el campo hay otro problema. Para muchos pequeños agricultores, producir ya es caro y el reto no es solamente pedirle al trabajador que se formalice, sino también conseguir que su actividad sea rentable, lo que pasa por mejorar la productividad, contar con riego y tecnología, tener mejores vías para sacar la producción y acceder a mercados.
"Te puedo decir que no tiene rentabilidad, porque los costos de producción son muy altos para la pequeña agricultura. A esto se suma el aumento del precio del diésel y de los fertilizantes. Todo eso hace que producir una hectárea de maíz, arroz o papa sea cada vez más caro. Por otro lado, están los servicios básicos y la falta de buenas carreteras y condiciones adecuadas para sacar los productos. Y muchas veces quien termina ganando más es el intermediario, mientras que el productor no recibe esos beneficios", indicó naximandro Rojas, presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro).
El ejecutivo del gremio también refirió que es responsabilidad para los gobiernos regionales y locales (municipalidades) el darle mayor valor a la producción agrícola.
"El Gobierno Nacional ha transferido, por ejemplo, responsabilidades en la materia de titulaciones de tierras y su saneamiento físico legal. Lo tienen los gobiernos regionales, pero no tienen el presupuesto suficiente para sanear los predios. El otro tema es, proyectos como de riego o algunos proyectos que incentiven darle valor agregado a ciertos productos. Entonces, yo creo que ahí deberíamos hacer mayor incidencia, y eso le corresponde a los gobiernos regionales y locales", explicó.
Las nuevas autoridades tienen el reto de hacer más competitivas a las empresas para que puedan generar más empleo formal. Hacer buen uso de los recursos públicos también tiene impacto en las condiciones laborales, como explica Paola Herrera, economista del IPE:
"Hay algo muy importante que debemos entender sobre los gobiernos regionales y las municipalidades: tienen una responsabilidad muy grande en elevar la productividad y la competitividad de sus regiones. Por ejemplo, una empresa necesita acceso a agua, desagüe, electricidad, internet y otros servicios básicos. Y todo ello depende, en buena medida, de las obras que puedan impulsar las autoridades subnacionales. Hoy, en muchas regiones, los gobiernos regionales y las municipalidades administran más del 60 % del presupuesto público que recibe toda la región. Eso significa que tienen una responsabilidad muy importante para orientar estos recursos hacia las obras prioritarias", anotó.
A puertas de las elecciones regionales del 4 de octubre, el reto para los próximos gobernadores y alcaldes será avanzar con el cierre de brechas de infraestructura y las condiciones para un mejor entorno de negocios, a fin de que la formalidad pueda convertirse en una posibilidad real para los trabajadores peruanos.
