El Tribunal Constitucional (TC) dejó al voto la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Loreto contra la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026 y determinadas disposiciones del Código Penal relacionadas con la minería ilegal.
Uno de los principales cuestionamientos planteados durante la audiencia, que pudo recoger RPP, fue si la protección penal vinculada al proceso de formalización minera desaparecerá cuando termine el Reinfo o si podría continuar aplicándose a quienes pasen al nuevo régimen de consolidación previsto en el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) que enarbola el ministro de Energía y Minas Guillermo Shinno.
El representante del Colegio de Abogados de Loreto, Samuel Abad Yupanqui, sostuvo que el problema no se resolvería únicamente con el vencimiento del registro, debido a que la disposición del Código Penal no menciona expresamente al Reinfo, sino a las personas que se encuentran en proceso de formalización.
"La norma penal excluye de la pena a quienes están en proceso de formalización. Eso lo dice la norma penal y esa norma es permanente, esa norma penal no acaba el 31 de diciembre de este año", advirtió ante los magistrados.
Abad explicó que el proyecto de ley MAPE plantea un régimen de consolidación que permitiría a las personas incorporadas continuar con su proceso de formalización. En ese escenario, consideró que la disposición penal podría seguir alcanzándolas, aunque el Reinfo haya dejado de existir.
"Por eso es bien importante el pronunciamiento de ustedes para que quede claro que no puede haber proceso de formalización con inmunidad penal. Está bien la formalización, pero sin inmunidad penal", sostuvo.
Magistrados cuestionan al Ejecutivo por el alcance de la protección penal
Durante el intercambio con el procurador público especializado en materia constitucional del Poder Ejecutivo, Luis Alberto Huerta Guerrero, el presidente del TC Pedro Hernández Chávez, le preguntó si el paso del Reinfo al régimen de consolidación significaría que las personas incorporadas a este último ya no estarían protegidas por la disposición penal cuestionada.
Huerta Guerrero respondió que esa era la posición del Ejecutivo, sustentada en las declaraciones del ministro de Energía y Minas, y aseguró que la protección vinculada al Reinfo terminaría el 31 de diciembre.
"Lo que ha señalado el Poder Ejecutivo y eso es clave en un debate constitucional. (...) Esta es la posición del Ejecutivo, no es la del procurador, no es la del académico, no es la del abogado, es la del Ejecutivo: esa protección de Reinfo que se está cuestionando el día de hoy termina el 31 de diciembre", afirmó.
Sin embargo, el magistrado reaccionó a que, desde el punto de vista jurídico, si no se modifica expresamente el artículo 307-A del Código Penal, la disposición que contempla la exclusión de responsabilidad penal podría continuar vigente.
"Lo cierto es que en derecho penal, si es que no se modifica el tipo penal, sigue vigente. Entonces, más allá de la declaración del ministro, que puede ser muy respetable, la pregunta es si jurídicamente hay alguna forma legal en la cual ese artículo va a impedir la persecución del delito conforme lo estamos entendiendo aquí", cuestionó.
El procurador respondió que, a su entender, cuando desaparezca el supuesto que habilitaba la protección penal, esta dejará de aplicarse. También sostuvo que corresponderá al Ministerio Público y al Poder Judicial interpretar las disposiciones penales cuando se implemente el nuevo régimen.
El magistrado insistió en que el cambio administrativo del registro no necesariamente resuelve el problema de la norma penal y planteó que, si existen dudas sobre su alcance, el proyecto de la Ley MAPE, que en dos semanas sería aprobado en la Comisión que preside Yenifer Paredes (Juntos por el Perú) debería incorporar una modificación expresa del segundo párrafo del artículo 307-A.
¿Qué utilidad tendría un fallo si el Reinfo ya va a vencer?
En otro momento de la audiencia, la magistrada Luz Pacheco preguntó al representante del Colegio de Abogados de Loreto qué utilidad tendría que el TC declare inconstitucional la ampliación del Reinfo ahora si dicho régimen termina en diciembre.
Abad respondió que un pronunciamiento permitiría hacer cumplir lo establecido por el propio Tribunal en una sentencia anterior y evitar que se repita un esquema de formalización minera acompañado de una protección penal.
"Es muy importante para hacer cumplir lo que dijo el Tribunal Constitucional y para que quede claro que no puede repetirse una situación de la misma naturaleza, es decir, no puede repetirse una situación que regule el régimen de formalización con un régimen de irresponsabilidad penal", respondió.
El abogado insistió en que el nuevo régimen de consolidación podría mantener el problema si permite que sus incorporados continúen en proceso de formalización, mientras permanece vigente la disposición del Código Penal que excluye de sanción penal a quienes se encuentran en ese proceso.
Ante ello, Pacheco le preguntó si el principal objetivo de la demanda era modificar la disposición penal. Abad respondió que cuestionaban tanto esa norma como la prórroga del Reinfo.
La controversia se relaciona con una sentencia anterior del TC, que ya había advertido sobre la incompatibilidad constitucional de mantener exoneraciones de responsabilidad penal vinculadas a la formalización minera. El Colegio de Abogados considera que las normas posteriores no habrían respetado ese criterio.
Ejecutivo y Congreso defendieron las normas cuestionadas
Durante la audiencia, el procurador del Ejecutivo defendió las disposiciones cuestionadas y sostuvo que la demanda confunde la situación de los mineros informales con la de quienes cometen el delito de minería ilegal. También argumentó que la exclusión de responsabilidad penal tiene antecedentes normativos desde 2017 y que el cuestionamiento contra esa disposición habría sido presentado fuera de plazo.
Por su parte, el abogado representante del Congreso, Juan Carlos Prado Herrera, defendió la ampliación del Reinfo hasta fines de 2026 como una medida de transición hacia un nuevo marco normativo para la pequeña minería y minería artesanal.
En su exposición, mencionó que en 2025 existían 29.580 expedientes vigentes y que miles tenían pendientes requisitos para avanzar en la formalización, como instrumentos de gestión ambiental, documentación arqueológica y contratos de explotación. También atribuyó parte de los retrasos a los gobiernos regionales.
La audiencia incluyó, además, la intervención del penalista Dino Carlos Caro Coria, quien participó como amicus curiae y cuestionó que la inscripción en el Reinfo pueda generar un trato distinto entre personas que realizan actividades mineras en condiciones similares.
En respuesta a las preguntas de los magistrados sobre los avances del proceso, el procurador del Ejecutivo reveló que solo 66 personas habían culminado la formalización minera entre 2025 y 2026, cifra que reconoció como reducida frente al universo de inscritos.
Al término de la audiencia, el Tribunal Constitucional dejó al voto la demanda. Esto significa que los magistrados deberán deliberar y emitir una decisión posteriormente; por ahora, no se ha declarado inconstitucional la ampliación del Reinfo ni las disposiciones penales cuestionadas.
